Gonzalo Fernández y Gorka Martija
Investigadores de OMAL - Paz con Dignidad

Compromisos incumplidos de la política vasca de internacionalización empresarial

Urge de este modo una profunda reflexión sobre la internacionalización empresarial como prioridad, así como un giro profundo en los parámetros sobre la que esta se construye, si realmente queremos una economía al servicio de la gente

El lehendakari se comprometió públicamente en 2016 a situar la sostenibilidad y los derechos humanos como ejes que dieran coherencia al conjunto de la política impulsada por el Gobierno Vasco. Máxime, sostenía Urkullu, en aquellas áreas directamente relacionadas con su acción exterior, y por tanto con una repercusión directa en un escenario global marcado por la crisis, las desigualdades y la insostenibilidad ecológica.

La política internacionalización empresarial (PIE), esto es, el apoyo público a la captura empresarial de mercados exteriores y a la atracción de inversiones foráneas en el propio territorio supone, sin duda alguna, un ámbito de primer orden en términos de acción exterior. Tal es así que junto a innovación, emprendedurismo, empresas multilocalizadas, etc., son los conceptos que hegemonizan en la actualidad los discursos y las prácticas del Ejecutivo vasco y de las diputaciones forales. Se apuesta así por una agenda de país que prioriza un mosaico amplio de políticas en pos de la competitividad como valor supremo, y en el que la internacionalización tiene un rol estratégico.

Vinculando esta apuesta con el compromiso antes señalado por los derechos humanos y la sostenibilidad, podríamos esperar que, pasados ya cuatro años largos desde su anuncio, la PIE vasca primara el bienestar social, tanto de nuestras mayorías populares como la de los países en los que operan las empresas vascas, frente a la competitividad económica pura y dura; que todo tipo de cláusulas sociales, laborales, ecológicas y de género jalonaran la acción institucional; que se definieran medidas específicas de seguimiento en territorios de sistemática conculcación de los derechos humanos; que se impidiera el apoyo a sectores de especial incidencia en problemas globales como el cambio climático; que una diversidad de agentes sociales y sindicales participaran activamente en dicha política; y que, en definitiva, se pusiera en marcha un sistema público de seguimiento y evaluación de los impactos de las corporaciones de y en la CAV.

Lamentablemente, estamos lejos de este escenario. La reciente publicación “Señas de identidad de la política de internacionalización empresarial en Euskadi”, que hemos elaborado para la Coordinadora vasca de ONGD, nos ofrece una radiografía diferente, tanto del Ejecutivo autonómico como de las diputaciones forales. De este modo, pese a la inclusión de una serie de criterios socio-culturales (que, aunque instituciones como el Gobierno Vasco han incrementado levemente su presencia respecto a los mínimos parámetros existentes en 2016, suponen solo entre el 5 y el 15% del total frente a los técnico-empresariales, y nunca vinculados al bienestar de los países en los que operan las empresas); a la participación en licitaciones de organismos multilaterales como el Banco Mundial; y a asumir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una de sus referencias genéricas, podemos afirmar que el conjunto de la política de internacionalización empresarial, desde sus objetivos, prioridades hasta los agentes e instrumentos que estos impulsan, están fundamentalmente definidos por la competitividad económica pura y dura, no por la sostenibilidad y los derechos humanos.

En este sentido, competitividad, internacionalización, captura de mercados, atracción incondicional de todo tipo de inversiones, tránsito de pymes a empresas «multilocalizadas» (transnacionales, en definitiva), etc., es el imaginario real que informa y define la PIE vasca; las cláusulas sociales son elementos de carácter periférico; se carece de estrategia alguna de defensa de los derechos humanos en contextos complejos como Colombia, México o China, por poner solo algunos ejemplos de países prioritarios; se sigue apostando por sectores como el gas, el petróleo y la automoción, estrechamente vinculados al cambio climático; las alianzas público-privadas concretan el estrecho marco de agentes, destacando el protagonismo de las cámaras de comercio en la planificación e implementación de la política; y, como colofón, no existe sistema ni estructura alguna de control, asumiendo cual acto de fe la bondad per se de las empresas vascas.

No obstante, estas no son ni malas ni buenas. Son, como todas, entidades con ánimo de lucro que, por tanto, tratan de maximizar sus beneficios en un escenario de extrema competencia, en un contexto además de crisis agravada por la pandemia. Urge de este modo una profunda reflexión sobre la internacionalización empresarial como prioridad, así como un giro profundo en los parámetros sobre la que esta se construye, si realmente queremos una economía al servicio de la gente.

En este sentido la covid-19, al igual que el estallido financiero de 2008, ha puesto de manifiesto la extrema vulnerabilidad de los mercados globales. Esta situación, además, pudiera agravarse en el futuro en base a nuevos shock financieros, pandémicos, climáticos y energéticos, ni mucho menos descartables. ¿No sería más lógico apostar entonces por el arraigo, los circuitos cortos, lo público y lo comunitario?

De manera complementaria, necesitamos una PIE que nos dirija hacia el escenario esbozado al inicio. Para ello, es estratégico el impulso de un centro vasco de empresas y derechos humanos que rinda cuentas a la sociedad, recoja e investigue posibles denuncias, promueva cambios en la política pública y sancione, en caso de ser necesario, a quienes incumplen los derechos humanos.

Ese es el rumbo, en nuestra opinión, hacia el que deberíamos caminar. O seguir en la desigual e insostenible huida hacia adelante actual, o cumplir los compromisos y aprender del momento crítico que atravesamos.

Bilatu