Dentro del contexto actual de la pandemia se ha mostrado la cara B de la moneda de la vida.

Hemos percibido la fragilidad y vulnerabilidad de la sociedad ante un tema de salud pública. Han emergido con más fuerza temas educativos, sociales, de empobrecimiento, soledad, cuestiones de género e igualdad, económicos, laborales.

Es para este último al que dedicamos estas reflexiones, para todo el sector que desarrolla su labor profesional en el ámbito social, el que trabaja con las personas más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad que estaban ahí antes de la pandemia y que siguen estando ahí (aumentando).

La seña de identidad laboral y profesional del sector social es la de ofrecer servicios y desde la lógica de la economía centrada en el capital, por sí mismo, no aparece como “productivo”, si bien sus efectos son productores de prevención, mejora de vida de la calidad de las personas y la sociedad en general.

Aprovechando la publicación, por parte del Departamento de Derechos Sociales, de la reciente guía de Innovación Social y la de Evaluación de Políticas Sociales vamos a intentar exponer la cara B, desde la perspectiva laboral.

Normalmente al hablar de Derechos Sociales, la ciudadanía se sitúa desde la perspectiva de usuaria de estos servicios, pero en este momento queremos centrarnos en las personas que trabajan para desarrollar estos servicios y programas de intervención.

Así que mirando a esta parte B necesitamos contar el relato para reconocer su existencia.

En la guía de Innovación Social se expone que para que dicha innovación se produzca debe responder a la necesidad de cambios sistémicos en todas las áreas en las que se interviene con y para las personas, y esto implica nuevas formas, técnicas, procedimientos, leyes y acuerdos, porque lo que no se mejora, se degrada siempre.

Desde el punto de vista laboral, los y las profesionales de acción o intervención directa, tanto en atención primaria y secundaria, se hallan desde hace muchos años en una situación de trabajo no decente (por no decir indecente) que va en contra de la propia Agenda 2030 (ODS 8 y de OIT 2019) a la cual se adhieren las Administraciones Públicas, estatales y locales.

Un trabajo decente se expresa por las condiciones laborales (horas de trabajo, definición de funciones y tareas, remuneración, reconocimiento...) y se significan socialmente a través del sueldo percibido. Dependiendo de lo que el sistema económico necesita, así se construye el relato.

Y el relato en la intervención social se ha construido desde lo importante que es atender a las personas, realizarlo con calidad, pero eso sí, con un bajo precio y valor de reconocimiento social y económico y no es casualidad que estas profesiones altamente feminizadas muestran la profunda desigualdad basada en la división sexual del trabajo. Así hoy nos encontramos con que una trabajadora en una empresa (pongamos WV Navarra) gana el doble que una profesional en el ámbito de la intervención social.
Con esto queremos reflejar una foto de cómo ponemos en valor a hacer algo tan esencial como es el cuidado, atención a las personas (infancia, mayores, enfermas mentales, menores, mujeres maltratadas, familias vulnerables, personas dependientes..) y sin embargo no lo reconocemos dignamente.

Somos conscientes de que el Gobierno de Navarra está realizando un esfuerzo, traducido entre otros elementos, en la dignificación de las condiciones laborales y salariales (Fundación Gizain, línea presupuestaria aprobada…).

La cuestión ahora está en asumir la innovación social por parte de empresas y entidades que hasta ahora se han encargado de las licitaciones en el desarrollo de estos servicios y les toca mover ficha.

Porque se trata de un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás (ODS 2030)

Y todo esto hay que contarlo para que exista

FDO: Profesorado CI Escuela de Educadoras-es/Hezitzaile Eskola II